Área de práctica
Si sus deudas superan su capacidad de pago, la ley le permite negociar con todos sus acreedores al mismo tiempo, suspender los cobros judiciales y proteger lo indispensable para usted y su familia.
El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) creó un régimen de insolvencia para las personas naturales no comerciantes. Su objetivo es que el deudor de buena fe pueda normalizar sus relaciones crediticias mediante un acuerdo con todos sus acreedores a la vez, en lugar de enfrentar cobros y embargos por separado.
Usted presenta una solicitud con la relación de sus acreedores, sus bienes, sus ingresos y una propuesta de pago. Un conciliador cita a los acreedores y se busca un acuerdo que, una vez aprobado por la mayoría que exige la ley, obliga a todos.
Si ya logró un acuerdo con la mayoría de sus acreedores, puede pedir que se convalide para que también sea obligatorio para los demás.
Si no se logra un acuerdo, o si este se incumple, un juez ordena la liquidación de los bienes del deudor para pagar a los acreedores. Las obligaciones que no alcancen a pagarse, en los términos que fija la ley, se extinguen, lo que permite empezar de nuevo.
Sabemos que las deudas generan angustia. En Torres Consultores le explicamos con claridad sus opciones y actuamos con discreción. Atendemos personas en toda Colombia.
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Las personas naturales que no tienen la calidad de comerciantes, por ejemplo empleados, pensionados o profesionales independientes, que estén en cesación de pagos.
Cuando ha incumplido el pago de dos o más obligaciones con dos o más acreedores por más de noventa días, o tiene dos o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva en su contra, y el valor de esas obligaciones representa por lo menos el cincuenta por ciento de su pasivo total.
La negociación de deudas se adelanta ante los centros de conciliación autorizados o ante las notarías. Si se llega a la liquidación patrimonial, el trámite pasa a un juez civil.
Sí. Una vez aceptada la solicitud, no pueden iniciarse nuevos procesos ejecutivos y se suspenden los que estaban en curso, mientras dura la negociación.
La ley fija un término de sesenta días para celebrar el acuerdo, prorrogable por treinta días más a solicitud del deudor y de un acreedor.
Depende de su situación particular y de lo que se negocie con los acreedores, en especial con el acreedor hipotecario. En el diagnóstico revisamos qué alternativas existen para proteger su vivienda y su mínimo vital.
Un análisis de los antecedentes normativos y los fines perseguidos por la regulación de insolvencia para personas naturales no comerciantes en Colombia.
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